Madeja #243
Por Christopher Vergara
Más allá de las reflexiones realizadas sobre la idea y diseño del Instituto Nacional Electoral que realicé en la columna pasada, la presente reflexión tiene por objeto llamar la atención sobre el inminente riesgo en que el Congreso de la Unión está sometiendo a la democracia mexicana por culpa del revanchismo político de Acción Nacional y la extrema urgencia del Revolucionario Institucional por obtener la reforma energética.
Como saben, la reforma política por presión del PAN fue atada como moneda de cambio a la energética, que es la de mayor interés para la Presidencia de Enrique Peña Nieto y el PRI. Acción Nacional podrá envolverse en todas las banderas democráticas y en todos los discursos que quiera, pero lo único que ha logrado con su berrinche pos-electoral es sacar una reforma que además de muchas interrogaciones y deficiencias, es totalmente apresurada y no reflexionada. No es culpa sólo de ellos, culpen también a Peña Nieto que en su necedad de tener la reforma antes de que termine el 2013, está cediendo en todo lo cedible, para tener una nota que valide lo que ha sido un mediocre año de gobierno.
Más allá del contenido de las reformas (el cual no me parece negativo, pese al centralismo excesivo del INE, la autonomía constitucional de la PGR es una vieja demanda de los juristas, y la del Coneval es un mero capricho innecesario pero que tampoco estorba), es con la forma en que se realizan y peor aun, con la implementación que se les está dando donde tengo brutales desacuerdos.
La implementación de la reforma electoral NO va a estar lista para el proceso electoral de 2014 - 2015. Los legisladores están pecando de excesiva ingenuidad o de total y completa mala fe. La reforma establece que a más tardar el 30 de abril de 2014 el Congreso expedirá la nueva legislación electoral (que incluye una nueva e innecesaria ley de partidos, y una nueva ley de procedimientos electorales, es decir un Cofipe). ¿Enserio?, ¿enserio las leyes van a estar listas para esa fecha?.
Si en algo se ha caracterizado el Congreso mexicano es que NUNCA ha cumplido los plazos legales que el mismo se ha impuesto. No hay que ir más lejos para revisar que ha habido decenas de legislaciones secundarias que han salido mucho después de la fecha 'mortal' que el Congreso tenía. Sin ir más lejos, la legislación en materia de telecomunicaciones YA debería existir y es hora de que al menos a febrero se nos va. O ahí tenemos el inmundo caso de la Ley de Amparo que se tardó casi dos años después de la fecha en que constitucionalmente se debió haber publicado.
Más allá de lo que señala el transitorio de la reforma, constitucionalmente las normas deben ser promulgadas a más tardar noventa días antes de que arranque el proceso electoral federal de 2014 - 2015, que inicia la primera semana de octubre. Es decir, la legislación electoral tiene como fecha fatal los últimos días de junio.
Esto nos lleva a dos escenarios igualmente escabrosos:
a) El Congreso de la Unión cumple y emite la legislación electoral en tiempo, sea en abril, junio o cualquier fecha intermedia. Legalmente todo va a ser impecable, pero, ¿realmente es lo más deseable?, ¿nos garantiza una legislación clara, específica y extensa como es la electoral?, ¿legislar a marchas forzadas no va a provocar leyes defectuosas?, y mejor aún, ¿la autoridad electoral, igualmente novata, va a saber como implementar estas leyes?.
b) Las leyes no son emitidas a tiempo y se crea una paradoja jurídica. Pues por un lado el proceso se va a regir por las normas constitucionales nuevas y por otro por la legislación electoral anterior a la reforma. ¿Cómo va a actuar el flamante INE con una legislación que ni siquiera fue diseñada para tales atribuciones reforzadas?.
Ambos escenarios sólo configuran un desastre. Más aun, lo predigo desde este momento: las elecciones de 2015 van a ser un completo desastre para la autoridad electoral.
Pero vamos más allá, ¿realmente va a estar el Consejo General del INE debidamente integrado?. De las cuatro renovaciones del Consejo General del IFE que se han hecho con posterioridad a la reforma de 2007, sólo UNA de ellas, lo hizo en tiempo y forma. Las otras tres, incluyendo la actual en curso, han dejado incompleto y en condiciones dificiles por largo tiempo, al Instituto.
Aun si el Consejo es integrado de inmediato tras la promulgación de la reforma constitucional, que siendo optimistas será en febrero de 2014, eso sólo les da unos escasos ocho meses al flamante Consejo de no sólo sentarse cómodamente en sus sillas, sino a la vez que iniciar los preparativos para el proceso electoral de 2015, tomarse la molestia de asumir el manto de funciones que el INE representa y que son todo una extensión de las actuales.
Pero, siendo más macabros aun, ¿y si no hay legislación?. Supongamos que ya tenemos nuestro Consejo del INE perfectamente integrado, pero resulta que la legislación electoral simplemente no existe aún. O mejor aun, suceden los casos anteriormente descritos. El Consejo se va a ver, desde su completa inexperiencia administrativa, a legislar en los vacíos que se le presenten, lo cual no dará ninguna certeza a la actuación del Instituto, y terminará en muchos casos al arbitrio del no siempre fino juicio del Tribunal Electoral.
También hay que tomar en cuenta que por mucha experiencia académica, litigiosa o incluso administrativa que tengan los nuevos Consejeros no van a saber como administrar un Instituto, y mucho menos uno que está estrenando funciones, con modelos electorales que nunca se han utilizado en México, y con una legislación electoral ambigua, que da amplio margen a su actuación.
En resumen, la reforma electoral NO va a estar lista para las elecciones de 2015. La reforma electoral DEBE aplazarse para las elecciones de 2018. De lo contrario nos estamos dirigiendo hacia un DESASTRE.
Así como estamos dejando la autonomía de la PGR y la reelección para tiempos mejores, es decir 2018. La transformación del IFE en INE (qué es todo un procedimiento, y no un simple cambio de nombre), debe postegarse para 2018. De lo contrario la certeza en los resultados de la elección estarán en riesgo, y la credibilidad que tanto le ha costado conseguir al IFE se irá al caño.
Si los diputados y senadores fueran inteligentes y no se ataran a las niñerias del PAN y sus ánimos de revancha, posteriores a su merecida derrota electoral, la reforma no sería implementada hasta 2018. Es decir, los procesos electorales de 2015, tanto federales como locales se llevarían de acuerdo a las reglas establecidas con anterioridad, y una vez concluido el proceso de 2015, se iniciaría la implementación de la nueva normativa electoral y el establecimiento de este nuevo modelo electoral centralista.
A nivel de Consejo General se debería permitir a los actuales Consejeros concluir su encargo (y no someterlos a la vergüenza de volver a probar su experiencia, cuestión innecesaria), y elegir siete Consejeros, dado que Marco Antonio Baños y Benito Nacif concluyen su periodo en 2016, se elegiría uno más para esa fecha. Dado que Lorenzo Córdova y María Marván lo hacen en 2019, se elegirían dos Consejeros más y los restantes tres, así como el Consejero Presidente serían electos para concluir en 2022. Así, se garantiza un régimen de transición donde se respeta la experiencia de los actuales Consejeros así como a los siete restantes serían parteros del nuevo INE.
Con ello se tendría la completa calma del mundo para entender la dinámica que tendrán los organismos electorales locales y el INE. Se podrán revisar los nombramientos de los Consejos Electorales Locales sin presiones y sin prisas. Insisto, una reforma de tal calado no se puede implementar en apenas unos meses.
En pocas líneas, el IFE existiría hasta 2015, y a partir de ahí se tendrían tres suficientes años de transición para que en 2018, debutará con porras y fanfarrías el Instituto Nacional Electoral. Siendo digno heredero del IFE y no un mero hijo bastardo que cometió parricidio.
Pero estos diputados tienen prisa por saciar sus ánimos de venganza, sin importarles que se están llevando entre las patas a la Institución que más les dio y ayudó a crecer desde 1990. Sin importarles que están sembrando la semilla de un conflicto en 2015 y hasta en 2018. Sin importarles que creen que cambiando la redacción del artículo 21 van a transformar una maquinaría compleja y extensa que lleva 23 años operando.
Lo poco o mucho que piensen ganar los partidos en las elecciones de 2015 no es nada, con el incomparable problema en que se puede meter la democracia mexicana de continuar con ésta apresurada y mal planeada reforma.
No podemos perder el trabajo que tanto trabajo costó conseguir en 23 años. Hay que ayudar al IFE a transformarse y crecer, no demolerlo a causa de prisas, inexperiencia, ambiguedad, revanchismo y desconocimiento.
Y en la próxima madeja: Subir el umbral de votación para mantener el registro de partidos, ¿sirve o no?.
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