Madeja #242
Por Christopher Vergara
Finalmente tras meses de propuestas y discusión, de ir y venir legislativo, se ha conocido el proyecto de reforma electoral que se plantea discutir en las semanas por venir en el Senado de la República y que fue elaborado por las tres fuerzas políticas más grandes, antes de que el PRD en un inexplicable arranque de inmadurez decidiera abandonarlo.
En lo relativo a la reforma electoral y política hay varios temas a comentar, pero para ellos habrá tiempo. El tópico central de esta columna se va a enfocar en el Instituto Nacional Electoral, que, variantes más, variantes menos, es casi una realidad que existirá tan pronto como las comisiones y el Pleno del Senado lo aprueben.
La idea del Instituto Nacional Electoral viene primordialmente del PAN, aunque también con sazón del PRD. El modelo retoma la organización electoral realizada en diferentes países donde las elecciones de todo tipo son conducidas por un órgano electoral único, a diferencia de nuestro modelo federalista que contempla la existencia de institutos electorales locales. El modelo adoptado en México, cabe recordar, no es consecuencia gratuita de la vida, las elecciones en México, previas a la ley electoral de 1946 eran organizadas por los municipios y estados de manera autónoma. Sería hasta 1946 y más específicamente en 1951 con la creación de la Comisión Federal Electoral que se federalizarían las elecciones federales, más no así las locales, que siempre han organizado los estados.
La razón de fundar el INE es principalmente un berrinche consecuencia de la elección presidencial de 2012 y decenas de elecciones estatales llevadas en los últimos años. A juicio (y con cierta razón) del PAN y el PRD los institutos electorales locales son simples marionetas del gobernador en turno que a través de ellos controla las elecciones y en consecuencia influye en los resultados al grado de que si buena parte del país sigue en manos del PRI es a causa de éste férreo control priista que compra y coacciona elecciones.
Los argumentos son bastante endebles. Pese a que es cierto que los órganos electorales locales están fuertemente influenciados por el gobernador en turno, esto no es exclusivo de los gobiernos del PRI. Basta ver la integración del Instituto Electoral del Distrito Federal o para del Instituto Electoral del Estado de Puebla para ver que están igual o más influenciados por el gobernador.
Y también es apelar a malos argumentos de perdedor. Cuándo el PRD o el PAN han vencido al partido oficial lo han hecho en las condiciones más inhóspitas posibles y con discursos triunfalistas del corte 'vencimos a la maquinaría del Estado' y cosas por el estilo. Ganar elecciones no depende tanto de quién opera o maneja más recursos, al final recae en quien ha hecho una buena o mala campaña, una buena o mala movilización de electores. Que el gobernador controle el órgano electoral no garantiza que su partido pueda ganar. Y ejemplos de todos los partidos sobran.
Incluso por parte del PAN es apelar a la desmemoria, porqué no ha habido Presidente más metiche y electorero en las elecciones que Felipe Calderón, basta recordar la forma grosera y poco recatada en que operó los programas sociales a favor de su hermana en la elección de Michoacán en 2011 o incluso en las federales del año pasado. Tristemente el ánimo en la reforma electoral del PAN no es mejorar las reglas electorales, es busca la revancha política ante su fracaso absoluto en 2012, de ahí llegar al absurdo de proponer la anulación de una elección por rebase de topes de gastos de campaña.
Afortunadamente la propuesta original del PAN y PRD consistente en desaparecer los órganos electorales locales para que todo lo organizará el IFE/INE no pasó ante la cruda realidad de la imposibilidad técnica y operativa que eso hubiera representado. La propuesta mutó a un modelo intermedio, eminentemente centralista pero que tiene bondades al impulsar el servicio profesional electoral, una de las más acabadas instituciones con que contamos, hacia los Estados.
La propuesta transforma el IFE en un Instituto Nacional Electoral que mantendrá sus facultades de organización de las elecciones federales a la vez que en las elecciones locales tendrá facultades de geografía electoral, designación de funcionarios de casilla, reglamentación de encuestas así como la fiscalización de los gastos de los partidos. De manera extraordinaria podrá asumir la organización de los procesos electorales locales en tu totalidad o parcialidad e incluso organizar las elecciones internas de los partidos políticos. Además, claro, de la función más importante que será la de nombrar a los Consejeros Electorales de los institutos locales.
Con ello, los órganos electorales locales tendrán sin duda un proceso de fortalecimiento institucional, pues el Consejo General designará a los miembros de los institutos locales de entre personas que ya formen parte del servicio profesional electoral. Quizá no era el camino más deseable, pues lo ideal hubiera sido que se fortalecieran buscando mecanismos para fortalecer el nombramiento de los mismos desde los Congresos locales. Sin duda era un camino mucho más largo y complicado pero no hubiera sido una agresión tan fuerte al federalismo, que sin duda se ve mermado.
El principal problema de los órganos electorales locales, como el de casi todas las replicas de los constitucionales autónomos que hay en las entidades es su pobre desarrollo instititucional. A diferencia del IFE, los órganos locales dificilmente cuentan con servicio profesional electoral estatal o siquiera con juntas ejecutivas distritales permanentes. De forma permanente operan los Consejos Generales, pero de ahí en fuera son meros órganos ad hoc, para cada proceso electoral.
Ahora, la reforma tendrá un impacto positivo en tanto los órganos electorales locales se fortalezcan de manera contundente, de lo contrario de nada servirá tener un Consejo de gente pulcra e impecable si el marco jurídico, presupuestos, y experiencia técnica de los órganos siga además de sujeta a los Congresos locales, limitada por diseños pobres que sólo busquen la organización de las elecciones sin el desarrollo de una institución local fuerte y de gran calado.
El otro punto novedoso de la reforma es una vieja demanda que teníamos muchas personas, que era establecer un procedimiento claro y preciso para la renovación de Consejeros Electorales (que aumenta de 9 a 11 personas, se mantiene en periodos escalonado de nueve años aunque tristemente plantea cesar a los cuatro Consejeros en funciones). Así, y de alguna manera refriteando el procedimiento establecido para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se plantea un Comité Técnico que se encargue de la evaluación y selección de aspirantes.
Tras ello se formarán listas de aspirantes que se enviarán a la Junta de Coordinación Política quien deberá elegir de entre los propuestos a los candidatos que presente al Pleno. Afortunadamente incluye un candado por el cuál de no lograrse el consenso sobre algún candidato se podrá elegir al Consejero por medio de la siempre sólida y nunca criticable insaculación. Es decir, por un bonito sorteo.
Uno de los más grandes fallos de nuestro diseño del IFE sin duda era la elección de Consejeros que estuvo siempre diseñada para privilegiar el acuerdo político, lo cual en grandes momentos de decisión política era loable y proveía buenos Consejeros, pero cuando la clase política no andaba en tan fino acuerdo terminaba siendo un vulgar reparto de cuotas.
Por ello, el establecer un método claro, que evite la politización de quienes se presenten como candidatos y más aún, de quienes integren las propuestas, pues ello había degenerado en que cada partido postulará a su gallo. Como siempre habrá que ver que la implementación de la reforma sea tan loable como su redacción para contar con un sólido y confiable Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La reforma también plantea un grave error que es la fiscalización en vivo, es decir, que se realice a la par de que se realizan las campañas electorales, no hasta después de ellas. Esto buscando claro la consabida nulidad por rebase de topes de gastos. Es claro que está fiscalización va a fracasar pues hablamos de un procedimiento complejo y extenso que requiere tiempo y calma, y a los albores de las campañas, sólo terminará saturando al Instituto durante proceso electoral sin que esto garantice un trabajo decente. Eso además encarecerá los costos de la elección pues requerirán más personal calificado y claro, una mayor participación de los partidos para saber como entregar sus reportes de gastos.
Una reforma sin duda valiosa es que el Procedimiento Especial Sancionador, creado en la reforma electoral de 2007 para sancionar las violaciones al modelo de comunicación política establecido en esa reforma, pasa a ser competencia del Tribunal Electoral. Con ello se logra quitar una carga de trabajo que convertía al Instituto en una primera instancia contenciosa, pues el IFE debía resolver sobre la procedencia o no del mismo y las sanciones a aplicar. Bajo este nuevo modelo, el INE sólo deberá cumplir la sentencia que emita el TEPJF.
En conclusión, la propuesta de un INE no terminó siendo el monstruo indomable e inoperante que muchos temíamos. El Instituto en los términos planteados hasta ahora mantendrá en general muchas de las funciones del IFE actual aunque con nuevas responsabilidades consecuencia de su participación en un modelo centralista pero autónomo de operación de las elecciones estatales. Insisto, no era el mejor camino, pero el resultado no es malo y los frutos incluso pueden ser valiosos. Al tiempo.
En la próxima madeja: Review de Wolverine Inmortal.
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