Reforma en Telecomunicaciones

La Madeja del Gato (mega comunicada)
Madeja #210
Por Christopher Vergara

El segundo hijo del Pacto por México fue la reforma en telecomunicaciones. Quizá no es la más urgentes (esa sigue siendo la fiscal o la política por ejemplo) pero era la que más facilmente podría transitar entre las tres fuerzas políticas de México, quizá en razón a que las tres coinciden en la necesidad de debilitar a factores de poder no institucionalizados a los que se les dejó crecer. 

Y aunque los creadores de la reforma señalaron que en ningún momento la reforma llevaba nombres y apellidos sin duda la reforma pone en situación ciertamente incomoda a los tres principales adalides de las telecomunicaciones, a saber Carlos Slim, Emilio Azcarraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, a quienes sin embargo la reforma a la vez que les perjudica les beneficia. 

Ya que la reforma tendrá como consecuencia que cada uno pierda la dominancia estruendosa en su campo aunque les permitirá insertarse en el de otros, en una suerte de decisión salomónica, aunque más allá de un simple intercambio de actividades la reforma preve una explosión mayor que permita la entrada de nuevos competidores. 

La reforma incluye una serie de modificaciones a nivel constitucional las cuales vale la pena analizar una por una:

La primera que cae en el campo de lo teórico aunque siempre necesario es la reforma al artículo sexto que adiciona el derecho de acceso a la información, este primer apartado aunque podría parecer meramente académico es muy positivo pues es un punto de arranque y una base constitucional que permitirá su ejercicio conforme las circunstancias lo vayan necesitando. El entendido es que es necesario tenerlo ahí para poder ejercerlo. 

Partiendo de esto la reforma presenta su primer apartado específico de telecomunicaciones en el cual establece una serie de bases necesarias, tales como el derecho de acceso a las tecnologías de información, los criterios que deben regir las telecomunicaciones y la radiodifusión que además son definidos como servicios públicos (y por tanto sujetos a un régimen específico), prohibe la difusión de gacetillas informativas pagadas presentadas como información (que aplican desde el ámbito político hasta el de la salud). 

De ahí se ordena la creación de un organismo autónomo que será el encargado de operar una nueva cadena de televisión y radio estatal que tendrá por objeto promover la dotación de contenidos que promuevan toda una serie de valores (desde la democracia hasta la identidad nacional). 

El punto relevante de esto se verá cuando se cree la Ley Reglamentaria y se vea si realmente estamos aspirando a tener medios públicos o seguiremos teniendo meros medios gubernamentales al servicio del Presidente en turno. Como sea la idea es muy rescatable y ojala se cristalice adecuadamente.

También se reforma el artículo 7° que evoluciona de la actual libertad de imprenta que tutela hacia una libertad de difusión de las ideas, al mantener el espíritu del antiguo texto ampliándolo a mayores y diferentes medios de difusión, 

De ahí la siguiente reforma se da en el artículo 28 que dota de mayor autonomía a la Comisión Federal de Competencia al volverla un organismo constitucional autónomo, a la que a nivel constitucional se le dan toda una serie de facultades que le permitirán tener no sólo meras opiniones o aprobaciones sino la misma capacidad de desmontar o prevenir el surgimiento de monopolios.

De ahí se da paso a algo muy necesario y que llevaba siendo una exigencia de tiempo atrás, que es la creación de un organismo autónomo que se encargue de regular las telecomunicaciones en lugar del claramente rebasado órgano que es la Cofetel. Se plantea así la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ya motejado popularmente como Ifetel), el cual será el factotum en las telecomunicaciones de México.

Al Ifetel practicamente se le encomiendan la tutela del espectro radioeléctríco tanto en su vertiente de radiodifusión como de telecomunicaciones, asimismo de ser el encargado de regular en materia de competencia económica de estos sectores. Para ello se le dota de una serie de dientes similares a los de la Cofeco que le permitirán actuar contra los concesionarios que tiendan a prácticas monopolicas o que intenten ir más allá de lo permitido en su titulo de concesión. 

Tanto para la Cofeco como para el Ifetel se establece un proceso de designación idéntico y que (al menos en el papel) promete ser el adecuado para superar el viejo trauma de la partidización de los órganos autónomos y que en cierta manera se basa en la manera en que fueron designados los últimos tres consejeros electorales del IFE. 

Se preve un procedimiento que conducirán los titulares del Banco de México, INEGI y el INEE (sería un buen detalle incluir a los del IFE, CNDH ya que armábamos un collage de organismos autónomos) quienes lanzarán la convocatoria, harán un examen diseñado por el Comité de Evaluación y al menos dos universidad públicas, con base en los mejores resultados enviarán una lista de 3 a 5 nombres al Ejecutivo que elegirá uno y que propondrá al Senado quien deberá ratificarlo (el procedimiento se estrella acá pues repite el vicio de la designación de ministros donde mandará todos los nombres de la lista hasta que quedé uno que serpa designado directamente por el Presidente).

También se se establece la creación de tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, lo cual es completamente afortunado y necesario pues si algo sucedía mucho en tribunales era la completa ignorancia de los jueces en la materia que por tanto terminaban legislando de acuerdo a quien les explicará más bonito o sencillo (o se dejaban comprar en el escenario más corrupto). 

Finalmente los transitorios establecen toda una serie de lineamientos que deberá seguir el Congreso cuando legisle la normativa secundaria, en la cual se encuentran muchos de los detalles importantes a nivel de sector que simplemente no tienen cabida en el texto constitucional. 

En estos artículos finales es donde encontramos temas como la concesión única (por la cual una empresa podrá actuar en varios campos sin necesidad de tener una multiplicidad de concesiones), la reducción de 2021 a 2015 del apagón analógico así como la obligación de regresar las frecuencias originalmente concesionadas, el muy central tema del must offer (obligación de las televisoras de permitir que las cableras retransmitan su señal sin cobro alguno) y el must carry (obligación de las cableras de subir la señal de los canales abiertos sin cobro alguno) aunque desgraciadamente se limitó a que sólo suceda con las señales que cubran cuando menos el 50% del territorio nacional. 

También se establece el inmediato inicio de la licitación de cuando menos dos cadenas nacionales nuevas (que podrían ser más, si tomamos en cuenta el fenómeno de multiplexación de señales con lo cual las posibilidades son muchas), la partición de aquellos concesionarios que a la fecha de creación del Ifetel sean agentes económicos preponderantes en la materia (ergo, van a desarmar a Telmex y Televisa), así como la creación de un Registro Público de Concesiones (que ridiculamente no existía). 

Relativo a esto también se establece que será unicamente por vía del amparo indirecto (es decir sin pasar por un procedimiento judicial o contencioso-administrativo) que los conflictos derivados de estas medidas serán resueltos, amén claro de que no se permitirá el acceso a la suspensión de los actos reclamados, usado cotidianamente por Televisión Azteca como medida de presión. 

También se deberán dar facultades al Ifetel para que regule el máximo de publicidad permitida en televisión (una medida muy necesaria ante el bombardeo incesante en que se ha convertido la televisión abierta), así como la regulación de la publicidad que se inserta en programación dirigida a la audiencia infantil. 

Se establece la obligación de Comisión Federal de Electricidad de ceder a Telecomunicaciones de México (lo que todos conocen como Telecomm Telegrafos) su concesión que le permitirá a esta ofrecer toda una gama de telecomunicacones (a excepción de la fibra optica), con lo cual se tendrá un jugador público en el mercado de las telecomunicaciones. 

Como se puede observar la reforma en telecomunicaciones es todo un compendio de instrumentos legales que permitirán tener mayor influencia del Estado en una materia en la que parecía hace mucho había renunciado a regular. 

Aunque sin duda la intención de la reforma es ir en contra de aquellos que han querido someter al Estado bajo su poder, no deja de ser encomiable el aspecto social de la reforma que tiene como objetivo el permitir una mayor participación de agentes económicos que brinden competencia a un sector estancado en algunas pocas personas. 

Sólo garantizando el acceso a las tecnologías de información en un marco plural donde exista una gran variedad de opciones es que podremos avanzar para tener una sociedad más informada y que por tanto pueda ejercer una mejor ciudadanía, o cuando menos tenga más opciones de las cuales elegir. Ese siempre es el primer paso. Tener opciones. 

Bien por la reforma en telecomunicaciones. 

Y en la próxima madeja: Review de The New Normal.